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El 14 de noviembre pasado, una de estas jubiladas, Rosa, de 81años, murió asfixiada en su casa de Reus, a consecuencia de un incendio provocado por una vela con la que se alumbraba tras haberle cortado la luz Gas Natural por impago de los recibos.

En 1963 aparece la Ley de Bases de la Seguridad Social cuyo objetivo principal era la implantación de un modelo unitario e integrado de protección social, con una base financiera de reparto, gestión pública y participación del Estado en la financiación.

Las prestaciones y recursos de servicios sociales especializados tendrán su referencia territorial en las áreas de servicios sociales y en otros ámbitos territoriales superiores, como el autonómico.

Las principales novedades que aporta este título son la universalización de los derechos de todas las personas a las prestaciones y servicios de los servicios sociales, en condiciones de igualdad, con el fin de alcanzar su pleno desarrollo individual y social; la ordenación del papel de la iniciativa privada en materia de servicios sociales, y la determinación de las prestaciones garantizadas como derechos subjetivos de la ciudadanía exigibles ante la Administración, frente a otras prestaciones sujetas al régimen de disponibilidad de recursos a las que denomina prestaciones condicionadas.

Asimismo, asumirán los principios de rendición de cuentas, transparencia y comportamiento ético respecto a sus grupos de interés, y el respeto al principio de legalidad y a la normativa internacional sobre los derechos humanos.

Aunque otras comunidades están trabajando también en la puesta en marcha de este sistema, Castilla y León se convertirá entonces en la primera autonomía que dispone de esta historia social única de los usuarios, que incluirá sus datos personales, las valoraciones técnicas y dictámenes de los servicios sociales, las intervenciones sociales y el conjunto de prestaciones recibidas por el usuario.

La evaluación de resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas al ámbito de los servicios sociales especializados en las materias de su competencia.

La evaluación de resultados de las actuaciones, intervenciones y tecnologías aplicadas al ámbito de los servicios sociales especializados en las materias de su competencia.

TÍTULO VI INFRACCIONES Y SANCIONES CAPÍTULO I Infracciones Artículo 124 Concepto y clasificación de las infracciones Se considera infracción, en el ámbito de esta ley, aquella acción u omisión de los diferentes sujetos responsables contraria a la normativa legal o reglamentaria tipificada y sancionada en esta ley.

El artículo 9.2 por su parte dice: «Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social».

Artículo 50 Consejería competente en materia de servicios sociales Corresponde a la Consejería competente en materia de servicios sociales: Adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices que establezca el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en materia de servicios sociales y para desarrollar y ejecutar sus disposiciones y acuerdos.

De todo ello se desprende que sin los Servicios Sociales estos principios fundamentales quedarían vulnerados.

Además, el 77,5% de quienes se encuentran bajo el umbral de la pobreza en el País Vasco se benefician de las Rentas Mínimas de Inserción, mientras que en Murcia sólo lo recibe el 2,2%.

Y, en general, fomentar la cooperación, información recíproca y coordinación entre la Administración autonómica y la local en materia de servicios sociales con la finalidad de alcanzar los fines y objetivos que se determinan en la presente ley.

Proponer protocolos de actuación para aquellas situaciones que, por su mayor frecuencia o por su gravedad, generen conflictos éticos.

Reglamentariamente, se establecerán los supuestos, las condiciones y el procedimiento de tramitación del régimen de comunicación administrativa.

No se computarán en la determinación del patrimonio los bienes y derechos aportados a un patrimonio especialmente protegido de los regulados por la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa Tributaria con esta finalidad, del que sea titular la persona beneficiaria, mientras persista tal afección.

Artículo 103 Objeto de los conciertos sociales Podrán ser objeto de concierto: La reserva y ocupación de plazas para su uso exclusivo por las personas usuarias del Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, cuyo acceso al servicio venga autorizado por el órgano competente mediante la aplicación de los criterios de acceso previstos.

Y mientras, ha aprobado un “truco legal” afrontar el pago de los 503 millones que debe a las eléctricas del bono social 2012-2016: ha incluido una enmienda en la Ley de Presupuestos 2017 para que ese dinero pueda pagarse con el remanente del sistema eléctrico (algo prohibido).

La primera, porque es una norma “paternalista”: deja en manos de los servicios sociales el pago del recibo (que deberían pagar las familias con ayudas públicas o el Presupuesto).

DISPOSICIONES ADICIONALES Disposición adicional primera Reserva de denominación Quedan reservadas a las Administraciones Públicas competentes en materia de servicios sociales de Andalucía para su exclusiva utilización, en el ámbito de sus respectivas competencias, las expresiones «Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía», «Plan Estratégico de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Andalucía», «Zona Básica de Servicios Sociales», «Área de Servicios Sociales», «Catálogo de Prestaciones del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía», «servicios sociales comunitarios», «servicios sociales especializados» en cualquiera de sus formas o combinaciones.

Las resoluciones y dictámenes profesionales emitidos por los órganos competentes tendrán carácter vinculante para la persona profesional de referencia cuando las mismas determinen la concesión o denegación del acceso a una prestación que de ellos dependa.

Para avanzar en esta reflexión y conocer de primera mano las respuestas que, antes demandas sociales cronificadas, han ofrecido dichos servicios, me han ayudado tres mujeres, residentes en la ciudad de GRanada y que tienen una larga experiencia de relación con los servicios sociales y otros recursos de carácter social JUNTA DE ANDALUCÍA A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN, SABED: Que el Parlamento de Andalucía ha aprobado y yo, en nombre del Rey y por la autoridad que me confieren la Constitución y el Estatuto de Autonomía, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente LEY DE SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA Los servicios sociales son el conjunto de servicios, recursos y prestaciones orientados a garantizar el derecho de todas las personas a la protección social, en los términos recogidos en las leyes, y tienen como finalidad la prevención, atención o cobertura de las necesidades individuales y sociales básicas de las personas en su entorno, con el fin de alcanzar o mejorar su bienestar.

Equidad: Las Administraciones Públicas ejercerán la tutela de los servicios sociales y su uso efectivo en condiciones de equidad para todas las personas y en todo el territorio de Andalucía, fortaleciendo el respeto y la aceptación de la diversidad en razón de edad, sexo, orientación o identidad de género, etnia, cultura, creencias religiosas, situación socioeconómica o capacidad funcional.

El 80% de los usuarios están inactivos o en paro, pero casi el 20% (el 19,5%) son personas con empleo pero que necesita recurrir a algún tipo de ayuda pública porque su salario medio es de 540 euros mensuales, por debajo del salario mínimo (707 euros).

Entidades con ánimo de lucro: Las personas físicas empresarias y las personas jurídicas empresarias con ánimo de lucro que adoptan cualquier forma societaria reconocida por la legislación civil o mercantil y que realizan actividades de servicios sociales.

En el caso de producirse una sanción de cierre adoptada de acuerdo con el régimen de infracciones y sanciones establecidas por el título VI de la presente ley, se requerirá una nueva autorización o acreditación administrativa de funcionamiento.

Las personas titulares de los derechos subjetivos definidos en esta ley podrán exigir de las Administraciones Públicas el cumplimiento de los mismos, mediante el ejercicio de los recursos, reclamaciones y demás vías de impugnación y de las acciones judiciales contempladas en las leyes administrativas y procesales del Estado.

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